El Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Fe salió a bancar a los abogados de Vicentín, a quienes el Ministerio Público de Acusación (MPA) dejó expuestos por cobrar millonarios honorarios a los directivos investigados con fondos de la empresa - y no del bolsillo de los empresarios señalados- contribuyendo así, según los fiscales, a profundizar la estafa contra los acreedores.
Lo hizo en un comunicado en el que, fiel a su estilo no hizo mención a nombres y al caso, pero resaltó que “ratifica su respaldo al libre ejercicio de la abogacía y manifiesta su desaprobación a cualquier práctica proveniente de los poderes del estado que pueda vulnerar principios fundamentales, como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado, y la autonomía en la función de defensa”.
En la asamblea imputativa del 28 de marzo, que terminó con cuatro directivos de Vicentín en prisión preventiva, los fiscales informaron que “ entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de istración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044, que actualizados llegan a $6.000 millones".
¿Y para qué gastos personales se llevaron esos fondos? Según Fiscalía, los usaban para el pago de honorarios de abogados penalistas que deberían haber financiado ellos de su bolsillo y no con fondos de la empresa porque los letrados no representan a la firma y las acusaciones penales pesan sobre ellos a título personal.
Los abogados que enviaron las millonarias facturas son Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor; todos defensores de los directivos de Vicentín a título personal. Según mostró el fiscal Narvaja en aquella audiencia ninguno de los tres figuran en registros como abogados de las empresas y nunca hicieron gestión alguna, pero les facturaron millonarios honorarios a empresas del holding, como Algodonera Avellaneda.
Ayer, el Colegio de Abogados salió a rechazar la difusión de la información. “Destacamos nuestro compromiso permanente en resguardar estos principios esenciales, que constituyen garantías imprescindibles para la plena vigencia del Estado de Derecho y el adecuado ejercicio de la abogacía. Reafirmamos que cualquier actuación, especialmente proveniente de organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, debe ajustarse estrictamente a las normas jurídicas vigentes, evitando en todo momento vulneraciones al secreto fiscal o profesional, especialmente cuando dicha información pueda afectar el normal desempeño profesional de los abogados y la relación de confianza con sus clientes”, sostuvieron.
“Esta institución ratifica su rol de garante del respeto a la ética profesional, reiterando su disposición para intervenir institucionalmente cuando resulte necesario para preservar estos principios”, concluyó el Colegio de Abogados.
