Este martes se cumplen doce años del crimen de Ángeles Rawson, la adolescente que fue asesinada el 10 de junio de 2013 en el barrio porteño de Palermo.
Ángeles, de 16, desapareció tras regresar a su casa de su clase de gimnasia. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía, la registraron ingresando a las 9.50. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su madre intentó arla más tarde, pero el celular sonó sin respuesta.
Un día después, el 11 de junio, los trabajadores de la planta de residuos de Ceamse, en José León Suárez, hallaron su cuerpo de en bolsas de basura.
La autopsia confirmó que había muerto por asfixia, presentaba signos de estrangulamiento, múltiples golpes y fracturas, y que había intentado defenderse. También se detectaron lesiones compatibles con abuso sexual no consumado.
Su muerte dejó una huella imborrable en la sociedad argentina, marcó un antes y un después en la conciencia colectiva sobre la violencia de género.
Rápidamente, las sospechas recayeron sobre el entorno familiar, más específicamente sobre la pareja de su madre, pero fue Jorge Mangeri, el encargado del edificio y una figura de confianza para la familia, quien terminó confesando el crimen días después.
A su vez, las pericias confirmaron la responsabilidad de Mangeri, ya que halló su ADN debajo de las uñas de la víctima y en las sogas utilizadas para atar su cuerpo.
El juicio comenzó en febrero de 2014 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9, luego el 15 de julio de 2015, Mangeri fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual en grado de tentativa y homicidio agravado por femicidio. La Cámara del Crimen y la Corte Suprema confirmaron la condena en 2018.
Desde diciembre de 2023, Mangeri está alojado en el penal federal de Rawson, Chubut, trasladado desde el módulo 1 del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde pasó más de una década con buena conducta, trabajando como limpiador y estudiando sociología.
Su traslado lo separó geográficamente de su esposa, Diana Saettone, quien aún mantiene la relación y lo visita en la cárcel patagónica.
En Rawson, desempeña tareas informales en el pabellón y envía el salario penitenciario, que no supera los 180 mil pesos mensuales, a su esposa. Su nueva abogada, Patricia Croitoru, presentó pedidos para revertir su traslado y regresarlo a Ezeiza.
