Detalles del plan que tiene el Gobierno para usar libremente los "dólares del colchón"

"La nueva normativa permitirá que se puedan usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada", reconoció el presidente Javier Milei

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El Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y diferentes áreas jurídicas del Gobierno trabajan intensamente para avanzar en la definición del anuncio relativo a “la utilización de los dólares que los argentinos tienen guardados en el colchón sin tener que dar explicaciones sobre su origen”.

En la actualidad, si una persona desea realizar una operación con divisas y el banco interviniente considera que la procedencia de los fondos no está adecuadamente fundamentada, la entidad está obligada a efectuar un reporte de operación sospechosa (ROS) ante las autoridades.

"La nueva normativa permitirá que se puedan usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados”, explicó el presidente Javier Milei en declaraciones periodísticas.

El Presidente aclaró que la iniciativa “no tiene fines recaudatorios, tiene fines de liberar, liberar, liberar; que la gente pueda ser libre de usar su dinero que no lo podía usar porque los delincuentes de los políticos lo querían perseguir hasta por abajo de la cama, es decir, todo era recaudatorio”.

Así, para comprar un auto, un inmueble, o transferir dinero al exterior hay que certificar el origen de los fondos y, aclaran “la nueva normativa permitirá buscará que los fondos puedan ser utilizados libremente y si hay sospechas del origen de la procedencia, serán los organismos de control quienes deberán hacer su tarea”, puntualizan.

La letra chica de la normativa estará en sintonía con las normas que prevén el lavado de dinero. Es decir, se seguirán las directivas del GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, la organización intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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